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    Víctimas y Represaliados del Franquismo

    Por primera vez la Justicia española está investigando crímenes de Policías franquistas

    © Flickr / Álvaro Herraiz San Martín
    España
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    Angelina de los Santos
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    El 28 de diciembre de 2018 un juzgado valenciano admitió una denuncia por torturas contra la Brigada Política Social franquista. Es la primera vez en la historia de España que la Justicia decide investigar una causa de este tipo. Hay otras cinco denuncias esperando respuesta judicial en Valencia. Sputnik habló con uno de los querellantes.

    "Se ha dado un paso muy importante", dijo a Sputnik Vicent Pérez Ventura, que el 3 de diciembre de 2018 interpuso una querella por las torturas que surfió entre el 24 de abril y el 1 de mayo de 1971 en Valencia.

    Ese 3 de diciembre también se presentaron otras cinco denuncias contra la Brigada Político Social (BPS), la Policía política que funcionó en España entre 1941 y 1978, durante la dictadura de Francisco Franco (1936-1975). Entre los denunciados se encuentra Benjamín Solsona Cortés, al que denominan 'Billy el niño valenciano'; el señor de 87 años está acusado de torturas y otros delitos contra la integridad moral. 

    "Es sorprendente porque no teníamos confianza en que esto prosperara", aseguró Pérez Ventura. Él y los demás denunciantes consideraban "impensable" que un juez admitiera una de sus querellas y decidiera investigar, porque "hasta ahora se archivaban absolutamente todas [las causas relacionadas a crímenes cometidos durante el franquismo] en todo el estado español".

    Para archivar las demandas, los jueces "se amparaban en la prescripción y en la Ley de Amnistía [de 1977], que está vigente en España", explicó a Sputnik el abogado Guillermo Noguera, de la cooperativa El Rogle, que representa a los seis querellantes valencianos.

    En abril de 1971 los oficiales del BPS de Valencia detuvieron a 15 militantes del Partido Comunista (PC) español. Entre ellos estaba Pérez Ventura, que tenía 19 años recién cumplidos cuando lo subieron a un coche y lo llevaron a la Jefatura Superior de Policía. Allí lo despojaron de todas sus pertenencias, lo desnudaron, lo encerraron en una celda diminuta, a oscuras, y lo torturaron.

    "Me quitaron hasta el jersey que llevaba —recuerda Pérez Ventura—. Me metieron en una celda de un metro y medio de ancho por otro de largo, sin ningún tipo de mobiliario, solamente un banco de piedra. Allí estuve una semana sin saber absolutamente nada de nada, a oscuras".

    Al séptimo día, "en un estado deplorable, porque obviamente no comía y no podía dormir por el frío", los oficiales lo subieron a la sala donde realizaban los interrogatorios. "Ahí me estaban esperando cuatro policías que me preguntaron si era militante del PC. Al negarlo empezaron los golpes, vejaciones, insultos. Y las palizas. Así durante horas y horas y horas", contó.

    Cuando estaba "prácticamente exhausto", lo encerraron nuevamente en la celda, en las mismas condiciones deplorables que la primera vez.

    "Al día siguiente volvieron los interrogatorios. A lo largo de las horas, viendo las circunstancias y el estado de situación, absolutamente destrozado física y psíquicamente […] decidí firmar mi militancia en el PC y mi asistencia en acciones de comando y manifestaciones. A raíz de firmarlo, me bajaron otra vez a la misma celda y permanecí ocho días más totalmente incomunicado. […] Las descripciones de las torturas creo que no es necesario contarlas", dijo Pérez Ventura.

    Cuando fueron liberados, 12 de los 15 militantes presentaron en grupo una denuncia de las torturas que habían sufrido. "Un primer juez la aceptó, después nombraron a un juez diferente y se archivó", indicó Pérez Ventura.

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    Años después, algunas de las asociaciones españolas que trabajan en la defensa de las personas que sufrieron vejaciones y torturas durante el franquismo, buscaron justicia al otro lado del Atlántico.

    El 14 de abril de 2010 interpusieron una querella común ante los tribunales de Argentina con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por los integrantes de la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente, se lee en la web de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua).

    El 18 de septiembre de 2013 la juez María Servini de Cubría emitió una orden de detención internacional contra cuatro miembros del aparato represor de Franco: Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. El 28 de Octubre de 2013 la jueza firmó una orden de extradición al Gobierno español para los imputados.

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    El 31 de enero de 2014 la Fiscalía de la Audiencia Nacional española rechazó la extradición del miembro de la Brigada Político Social con la argumentación de que los delitos de torturas de los que se le acusa han prescrito y no constituyen delitos de lesa humanidad. Desde ese entonces se han negado otros pedidos de extradición y no han habido avances sustanciales en la causa.

    Pérez Ventura contó que él y los otros 17 querellantes se reunieron el año pasado a pedido de organizaciones sociales y decidieron realizar las denuncias "teniendo en cuenta la impunidad que gozan las personas [denunciadas], y sabiendo que uno de nuestros torturadores estaba vivo [Solsona], porque la mayoría están muertos, para que se conociera la verdad de qué había pasado, porque se ha silenciado absolutamente todo".

    La acción judicial que fue aceptada por el Juzgado de Instrucción N°1 de Valencia, denuncia torturas "en un contexto de crímenes de lesa humanidad", cuestión imprescindible para que los delitos sean considerados imprescriptibles.

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    La resolución del juzgado, a la que tuvo acceso el periódico digital Europa Press, solicita al Archivo Histórico Nacional que envíe todos los documentos que tengan relación con el querellante y, en concreto, con su detención como miembro del PC.

    Para la Ceaqua la resolución judicial representa "un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; política de impunidad que tan duramente ha sido criticada desde diferentes instancias internacionales, entre otras, el Consejo de Derecho de Humanos de las Naciones Unidas".

    "Hemos tenido suerte de momento, vamos a decirlo así", concluyó Pérez Ventura.

    Etiquetas:
    torturas, justicia, derechos humanos, Brigada Política Social, Francisco Franco, España
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