La reunión se enmarca dentro del viaje que el Gobierno de Pedro Sánchez realiza a Barcelona para trasladar allí la celebración semanal de su Consejo de Ministros, un gesto con el que Madrid quiere "acercarse a la España autonómica", según explicaron en distintas ocasiones los integrantes del Ejecutivo.
La calificación del encuentro como una "cumbre" por parte del Gobierno catalán fue rechazada por el Partido Socialista, el partido del Gobierno español.
"Se van a reunir los presidentes y lo van a hacer acompañados de otra gente, pero no es una cumbre ni una reunión bilateral. Para eso tendrían que reunirse los gobiernos de dos Estados, que no es el caso", dijo en declaraciones a la prensa Adriana Lastra, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados.
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Por su parte, los principales partidos de la oposición en España —los conservadores del Partido Popular (PP) y los liberales de Ciudadanos (Cs)— aprovecharon la ocasión para criticar a Pedro Sánchez y calificar su viaje a Barcelona como una humillación nacional.
En un sentido similar, el portavoz de Cs, José Carlos Girauta, opinó que el encuentro escenifica que Sánchez "abandona a la mayoría de catalanes" porque prefiere "reunirse con independentista".
Por otro lado, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos —principal socio del Gobierno de Sánchez en el Congreso de los Diputados— celebró que ambas partes se sienten a dialogar para buscar soluciones al conflicto territorial y criticó la actitud de partidos como PP o Cs, que se dedican a "enfrentar unas banderas con otras".
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Más allá de las polémicas que envuelven el encuentro, tanto el Gobierno español como el catalán afirmaron que lo afrontan con la intención de mantener abiertas las vías de diálogo que empezaron a transitarse el pasado 9 de julio, cuando Torra visitó a Sánchez en Madrid.
No obstante, ambas partes dejaron claro en los últimos meses que sus posiciones siguen estando muy distanciadas.
Uno de los principales motivos de desencuentro tiene que ver con la aprobación de los presupuestos generales del Estado diseñados por el Gobierno de Sánchez, un elemento clave para garantizar la estabilidad del Ejecutivo en Madrid.
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Para aprobarlos, Sánchez necesita el voto de los partidos independentistas catalanes, que se niegan a apoyarlos si éste no da instrucciones a la Fiscalía General del Estado para retirar las acusaciones de rebelión vertidas contra varios políticos independentistas.
"En julio sí había más esperanzas que ahora y seguramente hoy tendremos más información sobre si las relaciones están mejor o peor", dijo Artadi en rueda de prensa.
En los días previos al encuentro, Pedro Sánchez explicó que no planteará ninguna "censura previa" a Torra, pero dejó claro que no aceptará ninguna propuesta que se encuentre fuera de los márgenes de la Constitución, como puede ser la referente a la celebración de un referéndum.
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Además, Sánchez insistió en que su intención es que la crisis territorial no monopolice la reunión y llegó a afirmar que, por cada minuto dedicado por Torra a hablar de autodeterminación, él dedicará el mismo tiempo a abordar cuestiones como la precariedad laboral o la situación de los servicios públicos en Cataluña.
Según expuso Torra, durante el encuentro detallará a Sánchez el carácter de varios "consensos básicos" que "representan el sentir mayoritario de la sociedad catalana".
En su opinión, esos consensos básicos son el rechazo a la monarquía española, la denuncia de una situación de represión contra el independentismo, la defensa del derecho de autodeterminación a través de un referéndum y la defensa de la enseñanza en catalán.
Está previsto que ninguno de los dos presidentes comparezcan ante la prensa tras el encuentro, delegando esta responsabilidad sobre personas de sus equipos, que serán las encargadas de informar sobre el desarrollo de la reunión.
