Según informó el Tribunal Supremo, esa condena será reducida a un año y un mes de inhabilitación, equiparándola con la de Francesc Homs, que entonces servía como consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Mas.
Ambos fueron condenados por un delito de desobediencia grave, pero recibieron penas distintas como resultado de no ser juzgados por el mismo tribunal.
La rebaja de condena a Artur Mas implica también una rebaja en la pena dictada contra dos integrantes de su Gobierno que fueron sentenciadas como colaboradoras necesarias de sus delitos.
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En concreto, el Tribunal Supremo rebaja la pena a la exvicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, y a la exconsejera de Educación, Irene Rigau, cuyas inhabilitaciones serán limitadas a 9 y 6 meses respectivamente.
La consulta del 9-N, que en ningún momento tuvo la pretensión de tener un carácter vinculante, se produjo tres años antes del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.
Según datos de los organizadores, más de 2,3 millones de personas se acercaron a votar en la consulta, que planteaba las siguientes preguntas; "¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?".
La participación rozó el 40% del censo y el 80% de los participantes votaron "sí".
Estos datos, ofrecidos por el Gobierno catalán, son muy discutidos desde Madrid y desde la Cataluña no independentista, al considerar que la consulta, además de ser ilegal, no ofrecía garantías procedimentales suficientes como para que sus resultados sean creíbles.
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La principal consecuencia de la consulta fue la inhabilitación de sus responsables, ya que tanto Artur Mas como los citados tres integrantes de sus Gobierno fueron sentenciados como culpables o colaboradores de un delito de desobediencia grave al desoír los llamamientos del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal la votación e instó al Ejecutivo catalán a suspenderla.