"Hemos ido hacia atrás", reconoció la consejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat (Gobierno catalán), Elsa Artadi, en declaraciones a TV3, el primer canal de la televisión pública autonómica.
"Empezamos con un talante en el que valía más la política que la judicialización, pero ahora, Vox y [el presidente de los conservadores del Partido Popular] Pablo Casado, que pide el 155 día sí y día también, parece que marquen la política", lamentó.
La portavoz del Ejecutivo de Quim Torra achacó a "la voluntad" del Gobierno español la situación.
"Hasta ahora solo hemos oído durante un tiempo que había que dar una solución política" al conflicto político en Cataluña a raíz de la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, declarado como anticonstitucional por la Justicia española, "pero ahora ni eso", explicó Artadi.
Respecto al polémico consejo de ministros que el Gobierno central celebrará en Barcelona el próximo 21 de diciembre, Artadi afirmó que "todo lo que sabemos" es "a través de los medios de comunicación".
"Trabajaremos con la información que tenemos, que la hemos recibido a través de los medios", insistió la consejera de Presidencia, que volvió a garantizar la seguridad en las calles de la capital catalana para esa jornada.
El 10 de diciembre el Gobierno de España anunció que reforzaría la seguridad de Cataluña con 400 agentes antidisturbios de la Policía Nacional para el 21 de diciembre ante la previsión de protestas convocadas por los Comités de Defensa de la República catalana (CDR), organizaciones independentistas de corte asambleario.
El artículo 155 de la Constitución Española permite al Ejecutivo central, previa autorización del Senado (cámara alta del Parlamento), intervenir una administración autonómica para restablecer la legalidad; fue aplicado por primera vez el 27 de octubre de 2017, el mismo día en que el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración de independencia basándose en los resultados del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, que la Justicia española declaró anticonstitucional.
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Las protestas cuentan con el apoyo entre otros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) —una de las mayores organizaciones soberanistas de la sociedad civil catalana— y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
