La medida, según explicó Torra en un acto frente a la cárcel de Lledoners (Barcelona), es una protesta por la decisión de la Fiscalía del Estado de solicitar para los miembros del anterior Ejecutivo responsable del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre penas de hasta 25 años de prisión.
"Hoy tenemos la respuesta: más de doscientos años de prisión", declaró Torra al agregar que "le retiramos el apoyo (a Sánchez) y le decimos que no votaremos los presupuestos".
"Vamos al juicio a acusar al Estado del montaje que han organizado, queremos ir allí y desenmascararlo", retó el mandatario.
Torra expresó su voluntad de seguir "con la bandera del diálogo", pero no insistió en que el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) no votará "nunca estos presupuestos", y subrayó que "no hay pasos atrás".
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el otro partido que forma la coalición de gobierno en Cataluña, también anunció que no apoyará los presupuestos del Gobierno socialista.
En Sant Vicenç dels Horts, el municipio del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, para quien la Fiscalía pide una pena de 25 años de prisión, el diputado de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) Carles Riera reclamó "no dar ni un paso atrás" y la convocatoria de una huelga general, y afirmó que no se puede negociar con el Estado español.
La Fiscalía presentó las peticiones de acusación contra varios miembros del anterior Ejecutivo catalán, que se encuentran actualmente en prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de fuga, a la espera de ser juzgados por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, declarado anticonstitucional por la Justicia española.
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Las peticiones de acusación incluyen penas de prisión, inhabilitación y multas, que también se solicitan para varios miembros de la mesa del Parlamento y para la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
