Según la Fiscalía, Trapero cooperó de manera "decisiva, consciente e intencionada" con los independentistas para que la consulta, que fue declarada anticonstitucional por la Justicia española, pudiese llevarse a cabo.
La Fiscalía imputa a Trapero un "inequívoco propósito de dificultar la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil" para desarticular el referendo, alertando por ejemplo "de la actuación de otros cuerpos policiales" y facilitando "información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección".
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"Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas era imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso oponerse físicamente", detalla el escrito del ministerio público.
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Debido a las órdenes de la cúpula de los Mossos, la Fiscalía sostiene que los agentes mantuvieron "una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación e incluso en algunas ocasiones se produjeron enfrentamientos con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para impedir o dificultar que estos cumpliesen con lo ordenado por la autoridad judicial".
