"El objetivo es recuperar el delito de hasta cinco años de prisión para quien convoque referéndums ilegales", aseguraron a Sputnik fuentes del partido.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró a los medios que se trata de "la primera iniciativa parlamentaria en esta nueva etapa de su partido".
En PP explica en la exposición de motivos de la ley que en el año 2003 "se reformó la ley penal y se empezó a castigar con penas de tres a cinco años de prisión e inhabilitación a la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum careciendo de competencias para ello".
Además, con esa reforma se penalizaba también "a quienes facilitaran la celebración de las consultas y a los funcionarios que transfieran fondos a partidos disueltos o suspendidos".
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Sin embargo, estas medidas fueron eliminadas poco después por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La formación no hace mención a Cataluña, pero destaca que los actuales "controles de legalidad se demostraron insuficientes para reprimir y disuadir" a quienes convocan y promueven estas consultas.