Según informa el diario El País este 10 de agosto en su edición digital, el Gobierno de la isla —una coalición entre Coalición Canaria y los socialistas del PSOE— decidió cerrar la única carretera que atraviesa este espacio protegido para realizar un estudio de impacto socioeconómico en temporada turística, pero la oposición, vecinos y hoteleros de la zona sospechan que el motivo real es permitir a la productora Warner Bros rodar con mayor comodidad.
Las autoridades locales calculan que la filmación dejará 20 millones de euros en la isla y servirá para atraer inversiones, así como para situar a Fuerteventura como posible destino de rodaje.
Sin embargo, el portavoz de la plataforma de vecinos contra el rodaje, Rafael Méndez, considera que el Gobierno local "está privatizando un bien público".
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Además, manifestó al periódico que el rodaje podría afectar el paraje natural y "hacerle daño" a las dunas.
El Gobierno local ya anunció que reforzará un servicio de autobuses que conecta las dos localidades ubicadas en los extremos del parque natural de Corralejo.
La productora Warner Bros declinó hacer comentarios a El País.
El estreno de la segunda parte de la adaptación de la superheroína de DC Comics se espera para el 1 de noviembre de 2019.
