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Excanciller español recomendó al Gobierno que no solicitase la extradición de Puigdemont

© AP Photo / Virginia MayoCarles Puigdemont, presidente del Gobierno catalán cesado
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BARCELONA (Sputnik) — El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo aconsejó al Gobierno de España que no solicitase la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Nunca entendí que presentasen la euroorden", declaró García-Margallo en Catalunya Ràdio.

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Según explicó el canciller español entre 2011 y 2016, hizo llegar a la entonces vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Saénz de Santamaría, una "nota" explicando "cómo estaba el tema de la euroorden en España, que era muy sencillo de entender: la ley alemana que transpone esta orden de detención excluye la entrega de los ciudadanos que de algún modo no gocen de todos los derechos del país donde han de ir".

Además, el exministro afirmó, aunque dijo que no lo podía demostrar, que el Gobierno español barajó cuatro posibilidades para precipitar la detención del expresidente catalán para luego solicitar su extradición.

"En mi opinión había cuatro países, que eran Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania", aseguró al añadir que las autoridades españolas "esperaron que llegase a Alemania para avisar dónde estaba".

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De haber seguido determinadas pautas, aclaró García-Margallo, Madrid se hubiera ahorrado "la vergüenza" de no haber conseguido la extradición de Puigdemont.

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Ahora, y teniendo en cuenta que no pesaría sobre él el delito de rebelión en caso de extradición, de ser entregado a las autoridades españolas Puigdemont mantendría sus derechos políticos intactos, "podría ser candidato en unas elecciones autonómicas y eventualmente presidente de la Generalitat (Gobierno catalán)".

Puigdemont fue detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica), donde, como varios miembros de su gabinete, fijó su residencia tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña del 27 de octubre de 2017, con el fin de eludir la acción de la Justicia española, que lo reclama por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

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El Tribunal de Schleswig-Holstein que juzgó el caso del político independentista aprobó su extradición por supuesta malversación de fondos, pero desestimó el cargo de rebelión. 

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