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    El expresidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, en la pantalla

    Madrid no cuestiona la libre circulación de personas en la UE tras el caso Puigdemont

    © AP Photo / Manu Fernandez
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    MADRID (Sputnik) — El Gobierno español reafirmó su apoyo tanto a la libre circulación de personas en el espacio Schengen como a la figura de las órdenes europeas de detención después de que la Justicia alemana decidiese entregar al expresidente catalán Carles Puigdemont para ser juzgado por malversación pero no por sedición.

    "Nosotros defendemos Schengen en todos los sentidos", dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

    Después de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartara este 12 de julio el envío de Carles Puigdemont a España para ser juzgado por rebelión, el Partido Popular —primer partido de la oposición y fuerza más votada a nivel nacional— solicitó a Madrid la suspensión del espacio Schengen.

    Según Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, la decisión de la Justicia alemana demostró que tanto Schengen como las órdenes europeas de detención "no funcionan" porque los países miembros de la UE no pueden confiar en la colaboración de otros países cuando "algún delincuente" se aproveche de la libre circulación para huir.

    "Ha quedado claro que si no confiamos los unos en los otros no podemos quitar las fronteras. Nosotros levantamos las fronteras convencidos de que los demás confiarán y de que si algún delincuente se nos escapa nos lo devolverán", insistió.

    El Gobierno de España, que valora la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, rechazó la petición de los conservadores españoles para cerrar Schengen.

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    "Europa se fundamenta sobre la libre circulación de bienes y servicios, pero sobre todo de personas, por lo que poner en tela de juicio Schengen es alinearse con algunas posiciones que nosotros no compartimos de ninguna de las maneras", señaló Celaá.

    Del mismo modo, la ministra portavoz enfatizó que "el Gobierno de España no comparte la duda sobre la eficacia de las euroordenes". 

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