En concreto debería tramitar un cupo de solicitudes de asilo de refugiados, procedentes de Grecia e Italia, de 19.449 personas durante dos años, aunque solo tramitó un 12,85% de esa cifra.
Se trata de la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a un estado de la UE por este asunto.
El alto tribunal considera que la decisión comunitaria "era de carácter obligatorio", por lo que "el incumplimiento de las mismas implica la condena del Estado español a continuar la tramitación", en los términos previstos por el Consejo de la Unión Europea.
Esto implica que el Gobierno de Pedro Sánchez "deberá tramitar el 87% de solicitudes que quedaron pendientes de estudio", aunque esto no quiere decir que ello conlleve la asignación de asilo a estos refugiados.
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