"El traslado de los presos a Cataluña se está desarrollando con total normalidad", aseguró en una entrevista radiofónica con la Cadena Ser antes de partir hacia Argel, donde se reunirá con su homólogo argelino para tratar cuestiones de inmigración, terrorismo y delincuencia transfronteriza.
La jefa de la oposición en Cataluña, la líder de la formación liberal Ciudadanos (C's) en esa comunidad autónoma, Inés Arrimadas, criticó la medida desde la cadena Cope.
"Nunca se ha dado en España que haya presos por un cargo tan grave como rebelión y que vayan a estar bajo custodia de los mismos que han dado el golpe contra la democracia", dijo Arrimadas.
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Según la política liberal, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está vendiendo España a trozos por mantenerse en Moncloa (sede de la Presidencia del Gobierno) y la política penitenciaria nunca debe de ser una moneda de cambio para llegar a Moncloa".
"No nos volvamos locos: los traslados no son beneficios penitenciarios", sentenció.
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Grande-Marlaska pidió "que no se genere desconfianza" por el traslado y manifestó su "confianza en la administración autonómica", a la que están transferidas las competencias en prisiones.
"Vivimos en un Estado de derecho", agregó.
Desde Barcelona, la consejera de Justicia de la Generalitat (Gobierno catalán), Ester Capella, aseguró que los políticos catalanes trasladados no van a tener trato de favor en las cárceles catalanas, a las que espera que lleguen antes del jueves.
El traslado afecta a los siguientes reclusos: el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; el exconsejero de Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia, Raül Romeva; la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
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Sànchez lo hará en la prisión de Quatre Camins; Junqueras y Cuixart en Brians II; Bassaen Girona Mujeres; Forcadell en Barcelona Mujeres; y Romeva al centro de Barcelona.
Anteriormente, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los líderes independentistas, Pablo Llarena, sostuvo que no existe "razón procesal" para mantenerlos en prisiones de Madrid.
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El acercamiento de los presos era una demanda de varios partidos políticos, que reclamaban el paso como una medida de distensión en el conflicto político catalán.
Sin embargo, el Gobierno catalán aseguró a través de la portavoz de la Presidencia, Elsa Artadi, que su objetivo es la liberación al considerar que no cometieron ningún delito.
"El problema no es que estén en prisión preventiva, sino que están en prisión", afirmó Artadi.
El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, calificó la medida de "caridad".
"No queremos ni caridad ni márketing político: queremos justicia", dijo el pasado 28 de junio el en una rueda de prensa en el Parlamento catalán.
Para la formación independentista, "detrás de este acercamiento de presos hay una voluntad de blanquear la imagen" del partido socialista, que participó "como unos hooligans en toda la estrategia" del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
"Ni prisión ni exilio, ya basta", aseveró Pujol.
