En concreto se trata del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; el exconsejero de Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia, Raül Romeva; la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Sànchez lo hará en la prisión de Quatre Camins; Junqueras y Cuixart en Brians II; Bassaen Girona Mujeres; Forcadell en Barcelona Mujeres; y Romeva al centro de Barcelona.
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra los líderes independentistas, Pablo Llarena, sostuvo con anterioridad que no existe "razón procesal" para mantenerlos en prisiones de Madrid.
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El acercamiento de los presos era una demanda de varios partidos políticos, que reclamaban el paso como una medida de distensión en el conflicto político catalán.
Sin embargo, el Gobierno catalán aseguró días atrás a través de la portavoz de la Presidencia, Elsa Artadi, que su objetivo es la liberación al considerar que no cometieron ningún delito.
"El problema no es que estén en prisión preventiva, sino que están en prisión", afirmó Artadi.
"No queremos ni caridad ni marketing político: queremos justicia", dijo el pasado 28 de junio el en una rueda de prensa en el Parlamento catalán.
Para la formación independentista, "detrás de este acercamiento de presos hay una voluntad de blanquear la imagen" del partido socialista, que participaron "como unos hooligans en toda la estrategia" del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
"Ni prisión ni exilio, ya basta", aseveró Pujol.
