"No existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro penitenciario concreto, estando la decisión sujeta a los criterios penitenciarios que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considere de aplicación", afirmó Llarena en una providencia dictada este 29 de junio.
La providencia también afecta al exconsejero catalán de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.
En concreto, la providencia del 28 de junio se refiere a Jordi Sànchez (diputado y antiguo líder activista), Carmen Forcadell (expresidenta del Parlamento Catalán), Dolors Bassa (exconsejera de Trabajo del Gobierno catalán) y al líder activista Jordi Cuixart.
De esta manera, el juez Llarena decidió no presentar objeciones al posible traslado de seis de los nueve políticos catalanes que se encuentran en prisión preventiva en Madrid.
Tema relacionado: Esquerra Republicana acusa al Gobierno español de ser "la tumba de la democracia"
Sobre los tres restantes todavía no se pronunció, aunque todo apunta a que el magistrado emitirá una decisión similar a la concerniente a sus compañeros.
"Se procederá al traslado de estas personas a prisiones catalanas", afirmó este 29 de junio la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, tras ser preguntada sobre esta cuestión en rueda de prensa.
El traslado de los presos catalanes a prisiones cercanas a su domicilio es un gesto que se enmarca dentro de la política de distensión que el presidente del Gobierno, Pedro Sànchez, intenta aplicar respecto a Cataluña.
Además: España no ve viable que los exconsejeros catalanes presos vuelvan al Gobierno
Desde el Gobierno catalán valoraron positivamente la intención de Sánchez de facilitar el traslado de los presos, pero de forma reiterada recordaron que el problema no es en qué cárcel se encuentran los políticos independentistas, sino el hecho de que estén encarcelados.
