Según explicó Torra en una rueda de prensa desde Washington, la celebración de un referéndum será la "primera propuesta concreta" que trasladará a Sánchez en la reunión que ambos mantendrán el 9 de julio.
De no alcanzar un acuerdo en ese sentido, señaló que su plan pasa por "hacer efectivo el mandato" del referéndum del 1 de octubre para "implementar la República catalana".
"Si no hay una oferta de negociación o de diálogo por parte del Estado, si el derecho a la autodeterminación de Cataluña sigue sin reconocerse, seguiremos adelante con nuestro proyecto", dijo el presidente catalán.
Audio: "La única salida de Cataluña es un referéndum pactado"
En distintas ocasiones, Torra afirmó que "el derecho a la autodeterminación" es el "gran tema" de la actual legislatura en Cataluña y comunicó su intención de centrar su acción política en que ese derecho sea reconocido por Madrid.
"Vamos a hablar sobre el derecho a la autodeterminación. Si no queremos afrontar el tema no tienen demasiado sentido estas reuniones", insistió.
El anterior Gobierno catalán intentó de manera reiterada durante los últimos dos años arrancar el compromiso para la celebración de un referéndum pactado al Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 26 сентября 2017 г.
Ante la negativa del Gobierno español a habilitar esa opción —que casi con toda probabilidad conllevaría la apertura de un proceso para reformar la Constitución—, el Gobierno catalán decidió convocar un referéndum de forma unilateral.
Desde el Gobierno español no se dio validez alguna a los resultados ya que, además de ser ilegal a ojos de la justicia española, en su opinión la consulta no ofreció los mínimos estándares democráticos para ser considerada una votación fiable.
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A la luz de los resultados del referéndum, el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, adoptó una declaración de independencia que fue ratificada el 27 de octubre por el Parlamento de Cataluña.
El artículo 155 fue utilizado por Madrid para cesar al Gobierno catalán y convocar nuevas elecciones, en las que el independentismo consiguió reeditar su mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña.
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La declaración de independencia no tuvo ningún efecto práctico y, actualmente, los responsables políticos de la misma están siendo procesados por la presunta comisión de distintos delitos —incluido el de rebelión— en el Tribunal Supremo.
