Una nueva medida obliga a los vehículos con licencia de alquiler con conductor (VTC) —las que utilizan las plataformas Uber y Cabify— a conseguir un permiso especial para poder operar entre un lugar y otro de los 36 municipios que forman el área metropolitana de Barcelona.
En caso de infracción, la multa podrá ascender a 4.000 euros, aunque la AMB se reserva el derecho de levantar la medida con carácter temporal en casos de "gran demanda de movilidad" como puedan ser grandes congresos como el Mobile World Congress (MWC).
El nuevo reglamento se aprobó el 26 de junio con el voto de Barcelona en Comú, el grupo socialista, el Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCAT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP).
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Los liberales de Ciudadanos (C's) y los conservadores del Partido Popular (PP) se abstuvieron.
"No miramos hacia otro lado, miramos la realidad, y no puede ser que disfrazados de nuevas formas de economía haya grandes intereses especulativos que se salten las reglas del juego y que pretendan amenazar el derecho a la movilidad y a la lucha contra la contaminación", explicó.
Y agregó que el consistorio no puede "permitir que por una brecha legal se aprovechen plataformas digitales y pretendan invadir con miles de vehículos nuestras ciudades".
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El presidente de Unauto —la organización del sector de las empresas de VTC—, Eduardo Martín, calificó la medida de "una barbaridad, un auténtico despropósito y un hecho realmente insólito" que "supondrá la destrucción de más de 1.300 empleos de otras tantas familias".
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"Las alternativas de movilidad han supuesto una mejora en la vida de los vecinos y los turistas: el mundo del taxi está luchando para mantener un monopolio propio del siglo XIX en una ciudad como Barcelona en pleno siglo XXI", dijo en declaraciones a El País.
