La mayoría de los funcionarios destituidos fueron cargos políticos, informa este 18 de mayo la cadena de radio RAC1 citando un informe de la organización ServidorsCAT al que tuvo acceso el medio.
ServidorsCAT entregará el informe al presidente catalán, Quim Torra, quien en su discurso durante el debate de investidura planteó la creación de una comisión para cuantificar las consecuencias económicas de la intervención de la administración catalana.
La presidenta de ServidorsCAT, Yolanda Hernández, denunció a RAC1 que muchos trabajadores se autocensuran or temor a represalias, y que el Estado español vetó la selección de personal para cubrir vacantes o reforzar áreas.
No te lo pierdas: Esquerra Republicana acusa al Gobierno español de ser "la tumba de la democracia"
Hernández también criticó que la intervención de la administración catalana supuso la paralización de unas 70 iniciativas legislativas, entre ellas algunas de marcado carácter social, como la propuesta de ley sobre la conciliación de la vida laboral y familiar, la de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda o contra la violencia doméstica.
