"La idea de que alguien no pueda criticar al gobierno o incluso a un jefe de Estado simbólico como es el rey es una interferencia a la libertad de expresión, y eso me recuerda a lo que denunciamos en muchos lugares, como Tailandia, donde puedes ir a prisión por insultar a la realeza; también pasa en Malasia y en muchos lugares de Levante", afirma Kaye en una entrevista con Vilaweb.
Agrega que "esta clase de tipificaciones legales no se entiende en una España democrática y su compromiso con los derechos humanos".
Kaye destaca que la ONU no toma partido en el caso catalán, pero sí constata que "el Gobierno español persiste en esta estrategia contra los medios y los activistas", lo que considera "problemático".
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Además, sostiene que con la acusación de rebelión contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros dirigentes independentistas "se amenaza de manera grave el derecho de protesta" en España y recuerda que estos políticos "intentaron encabezar un movimiento de protesta pacífico, no violento".
Kaye también revela su preocupación por la posibilidad de que la situación se estanque y haya "ataques contra otras personas que debaten sobre la independencia".
"Mientras estos dirigentes estén en la cárcel o en el exilio, es una limitación del derecho de los catalanes, y también de todos los españoles a escuchar sus argumentos políticos, es un ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos, aunque es un ataque aún más grave contra los propios dirigentes", sentencia.
"Nosotros, los relatores sobre derechos humanos, no tenemos ningún tipo de poder político, sólo tenemos el poder de decir cuál es la ley y cómo creemos que se tendría que aplicar según el contexto", señala al comentar que "cuando un organismo expresa su preocupación, el Estado habría de tenerlo en cuenta y no ignorarlo, lamentablemente, España no es la única que actúa así".
