Según información adelantada por el diario La Vanguardia, la Guardia Civil entregó al Tribunal Supremo un informe donde los investigadores "dicen haber detectados partidas de fondos utilizados para la organización del referéndum por un valor de 1,9 millones de euros".
La presunta malversación de fondos del proceso independentista catalán es uno de los puntos clave en la instrucción que el juez Pablo Llarena realiza en el Tribunal Supremo sobre los supuestos delitos del proceso separatista que llevó al referéndum de 1 de octubre y a una posterior declaración de independencia, que no llegó a ser implementada.
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De las 25 personas investigadas por el juez Llarena, un total de 14 —todas ellos antiguos integrantes del Gobierno catalán— están procesadas por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
