"No se ha dedicado un solo euro del presupuesto al proceso", dijo Junqueras ante el juez instructor de la causa que investiga los posibles delitos del independentismo catalán, según recoge el diario La Vanguardia.
Este 16 de abril comparecieron ante el juez tanto Oriol Junqueras como los líderes activistas Jordi Sànchez (ahora diputado en el Parlamento de Cataluña) y Jordi Cuixart.
Durante su comparecencia, el juez comunicó a los tres líderes independentistas su procesamiento por presuntos delitos de rebelión, un procesamiento que en el caso de Junqueras además se extiende a un posible delito de malversación de fondos públicos.
Según el artículo 475.5 del Código Penal de España, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
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Los tres procesados mostraron su disconformidad con el procesamiento por un delito de rebelión, ya que en su opinión no cabe hablar de violencia dado que las movilizaciones vividas en Cataluña tuvieron un carácter pacífico.
A lo largo de esta semana todos los independentistas catalanes que se encuentran presos comparecerán en el Tribunal Supremo para conocer su auto de procesamiento.
Además de estas declaraciones, compareció ante otro tribunal, la Audiencia Nacional, el jefe de la policía autonómica catalana durante los momentos más críticos del proceso independentista, el mayor Josep Lluís Trapero.
Trapero, procesado por un delito de sedición y otro de organización criminal, negó ante la jueza instructora que la policía catalana eludiera el cumplimiento de órdenes judiciales para favorecer el proceso independentista.
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La actuación de este cuerpo durante los disturbios acontecidos durante el referéndum del 1 de octubre fue duramente criticada por otros cuerpos de ámbito nacional, que acusaron a las autoridades catalanas de desplegar una actitud pasiva y desoír las órdenes judiciales para detener la consulta.
La jueza instructora sostiene que la policía catalana incurrió en una "auténtica dejación de funciones" ya que se desplegó un dispositivo "engañoso y fraudulento" que pretendía facilitar la votación, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
