Según explicó la Audiencia Nacional a través de un comunicado, el juez atribuye a la activista Tamara Carrasco un delito de desórdenes públicos, por lo que descarta los delitos de terrorismo y rebelión que le atribuía el Ministerio Fiscal.
Por el momento, el juez mantiene bajo secreto la causa en la que se investiga la actividad de los CDR, que en las últimas semanas tomaron el protagonismo en las movilizaciones callejeras del independentismo catalán.
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Hasta la fecha, las acciones de protesta de los CDR se caracterizaron por intentar bloquear el tráfico de las ciudades mediante cortes de carretera, aunque también protagonizaron multitudinarias manifestaciones tras la detención de Carles Puigdemont que acabaron con enfrentamientos entre manifestantes y policía.
Las acciones de estos grupos se enmarcan dentro de lo que ellos mismos denominan la 'Primavera catalana', un movimiento de protesta que —según refleja un manifiesto de los CDR— busca "tomar las calles" y "parar el país" para conseguir "la construcción efectiva" de una república catalana independiente.
Tamara Carrasco está siendo investiga por su presunto papel como "coordinadora" en "actos de sabotaje" de un CDR que efectuó cortes de carretera, lo que a ojos del juez podría suponer un delito de desordenes públicos.
Además, las autoridades tienen en busca y captura a otra persona relacionada con estos grupos de activistas independentistas.
En opinión de la Fiscalía, los CDR son responables de "actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado" del independentismo catalán mediante "actuaciones violencias".
Pese a las repetidas acusaciones sobre el supuesto carácter violento de su actividad, los CDR defienden que su actuación se limita a emplear técnicas de desobediencia civil de forma pacífica y legítima.
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