"Las acusaciones de rebelión que pueden resultar en largas condenas de prisión provocan riesgos graves de socavar la expresión de opiniones completamente legales, aun cuando sean controvertidas e incómodas", declaró.
El relator especial expresó su preocupación porque las autoridades españolas presentan cargos por "acciones que no incluyen violencia ni incitación a la violencia".
"Espero que España aplique sus instituciones democráticas para crear un espacio para los debates y encuentre instrumentos creativos para lograr el diálogo y la reconciliación a fin de resolver la situación política actual", dice Kaye citado en el informe.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación, en el que el 92% de los votantes se manifestó a favor de la independencia.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referendo pactado.
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La jornada electoral estuvo marcada por detenciones de varios miembros del Gobierno catalán y líderes de organizaciones civiles acusados, entre otros motivos, de haber preparado una rebelión.
El 5 de abril, un tribunal del estado federal alemán Schleswig-Holstein decidió que es posible liberar a Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros (casi 92.000 dólares) hasta que se considere la solicitud de extraditarlo a España.
El tribunal constató también que el único fundamento para extraditar al político catalán a Madrid es gasto de fondos públicos y no la preparación de una rebelión, porque cree que Puigdemont no está responsable de "violencia" durante el referendo de independencia del 1 de octubre.
