"Lo que sucede en Cataluña es un problema tanto español como europeo", dijo Rivera en un desayuno informativo realizado en la ciudad de León.
El líder de Ciudadanos, la principal formación no independentista en Cataluña, mostró respeto hacia las decisiones judiciales adoptadas en Alemania, Bélgica o Escocia sobre el mantenimiento en libertad de los políticos catalanes reclamados por España, aunque también destacó su desacuerdo con las mismas.
Por ello, pide que "puedan ser juzgados tanto en su país como en Europa por todo lo que han hecho".
Este 5 de abril, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein (estado federado alemán en el que Carles Puigdemont fue detenido el 25 de marzo) dictó su puesta en libertad con fianza tras descartar su envío a España por un delito de rebelión, el más grave de los delitos en los que se basaba la reclamación española.
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No obstante, el tribunal mantiene los trámites para estudiar el envío de Puigdemont a España por un delito de malversación de fondos públicos.
Estas decisiones llegan varios días después de que Escocia dejase en libertad provisional a otra integrante de dicho Gobierno reclamada por España.
Actualmente, el Tribunal Supremo de España instruye una causa contra 25 dirigentes catalanes por la presunta comisión de delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación o desobediencia durante el proceso separatista que llevó a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la posterior adopción de una declaración de independencia.
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De las 25 personas procesadas, siete se encuentran fuera de España para evitar un posible encarcelamiento, mientras que nueve se encuentran detenidos en Madrid de manera preventiva al percibir el juez riesgo de fuga y reiteración delictiva.
De los 25 investigados, son 13 —la mayoría antiguos integrantes del Gobierno catalán responsable del referéndum— los que afrontan una pena mayor al ser procesados por delitos de rebelión y malversación, penados en España con entre 17 y 33 años de cárcel.
No obstante, la decisión del tribunal alemán de descartar un envío de Puigdemont a España para ser juzgado por un delito de rebelión complica que prospere la acusación por dicho delito —al menos en su caso— y abre un horizonte incierto dentro del proceso judicial.
