La candidatura de Sànchez llega después de que haya renunciado "provisionalmente" el último candidato a la Presidencia, el también diputado de JxCat Jordi Turull, quien se encuentra, como Sànchez, en prisión preventiva investigado por delitos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.
"Quiero agradecer especialmente y poner en valor la generosidad del diputado y amigo Jordi Turull, también injustamente encarcelado", afirma Sànchez en una carta desde la cárcel madrileña de Soto del Real donde se encuentra recluido.
"Lo hizo con una gran dignidad: lo pueden poner entre rejas, pero nunca podrán encarcelar sus ideas, su honorabilidad y su compromiso", agrega.
La carta concluye con el anuncio de Sànchez de su "plena disposición a afrontar el debate de investidura, si así lo considera oportuno la mayoría del grupo parlamentario."
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En otra carta, Turull justifica la decisión en base a la decisión del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que insta al Gobierno español a que se respeten los derechos políticos de Sànchez.
Con todo, el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante, y tanto la Justicia española como los servicios jurídicos del Parlamento catalán sostienen que para que una investidura sea efectiva se precisa la presencia física del candidato en el hemiciclo, por lo que los partidos independentistas estudian modificar el reglamento antes de la celebración del pleno.
