"La extradición sería una lógica consecuencia del normal funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea", señaló este 2 de abril el ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su participación en Marrakech en un gran foro de celebración del primer aniversario de la creación del Consejo Supremo de Poder Judicial (CSPJ) de Marruecos.
El político se desplazaba desde Helsinki hacia Bélgica y fue detenido tras la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le acusa de presuntos delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.
"El juez describe minuciosamente actividades que tipifica con penas muy graves y lo razonable y lógico es que las instituciones alemanas así lo reconozcan", insistió el ministro.
A la pregunta de qué hará el Gobierno en caso de denegación de la extradición, Catalá descartó esa posibilidad diciendo que "la única hipótesis con que trabajamos es la extradición".
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Puigdemont se trasladó en octubre de 2017 a Bélgica para evitar su posible detención por parte de las autoridades españolas, después de que la Justicia lo acusase de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña, cargo al que después se sumaron los de malversación de fondos y "rebelión".
