"Explicamos por qué no hay rebelión ni malversación y denunciamos varias vulneraciones de garantías procesales", explicó Jaume Alonso Cuevillas, abogado del político catalán, actualmente detenido en Alemania.
Según el artículo 475.5 del Código Penal de España, "son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
La defensa del político catalán afirma que en el referéndum de autodeterminación que convocó su Gobierno para el pasado 1 de octubre "no hubo ningún tipo de violencia".
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Durante la celebración de la consulta, numerosos grupos de ciudadanos se agolparon frente a los centros de votación para impedir el acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tenían órdenes judiciales para retirar el material electoral e impedir la votación, que era ilegal a ojos de la justicia española.
En cualquier caso, el recurso de Puigdemont afirma que, como mucho, algunos ciudadanos "pudieron haberse excedido" en su "resistencia pasiva", pero niega la existencia de elementos violentos, lo que contradice la versión del juez instructor.
En opinión de Llarena, las grandes movilizaciones independentistas del 20 de septiembre en Barcelona o del 1 de octubre durante la celebración del referéndum de autodeterminación tuvieron elementos de violencia porque los agentes que trabajaban para impedir la consulta tuvieron delante una "masa ciudadana" que ejercía efectos "intimidatorios".
"Es evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza", argumentó el juez en su auto de procesamiento.
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Además del recurso de Carles Puigdemont, los exconsejeros catalanes Clara Ponsatí (encargada del área de Enseñanza, actualmente huida a Escocia) y Lluís Puig (encargado del área de Cultura, actualmente en Bélgica), presentaron un recurso contra su procesamiento, que en el caso del segundo no incluye el delito de rebelión, pero sí el de desobediencia.
Los 13 procesados por rebelión y malversación son los que afrontan la posibilidad de una mayor pena de prisión, ya que esos delitos están penados con entre 17 y 33 años de cárcel.
Actualmente, siete de los procesados están huidos fuera de España, siendo el expresidente del Gobierno responsable del referéndum, Carles Puigdemont, el único que se encuentra detenido.
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Además, un total de nueve líderes independentistas están detenidos de manera preventiva en Madrid.
Entre ellos se encuentran dos líderes activistas, seis integrantes del Gobierno catalán cesado y la expresidenta del Parlamento de Cataluña.
