Según informan los medios, gracias a la baliza en el vehículo el político catalán estuvo vigilado en todo momento por los servicios de inteligencia españoles, que alertaron a la Policía alemana cuando cruzó la frontera.
Según la opinión del bufete de abogados Almeida —que no representa a ninguna de los afectados en el caso—, lo ocurrido suscita "un debate jurídico muy interesante", ya que la instalación del geolocalizador "debe haber sido convenientemente razonada en un auto judicial", al haberse producido en el extranjero.
La Ley Orgánica 13/2015 regula "la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización" y decreta que "la incidencia que en la intimidad de cualquier persona puede tener el conocimiento por los poderes públicos de su ubicación espacial, hace que la autorización para su práctica se atribuya al juez de instrucción", por lo que el bufete de abogados se pregunta si hubo dicha autoritzación judicial.
El dirigente independentista se trasladó en octubre de 2017 a Bélgica para evitar su posible detención por parte de las autoridades españolas, luego que la Justicia española lo acusase de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña, cargo al que después se sumaron los de malversación de fondos y "rebelión".
