Según informa ElNacional.cat, Naciones Unidas ha hecho pública la decisión a través de un comunicado en respuesta a una demanda presentada por Sànchez.
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante, por lo que España no está obligada a cambiar la situación penal del demandante.
Sànchez es investigado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de rebelión y sedición durante el proceso independentista puesto en marcha la pasada legislatura.
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Después de que Puigdemont se apartase "provisonalmente" con la intención de liderar un Consejo de la República desde Bruselas, Sànchez fue elegido como candidato a la Presidencia de la Generalitat.
El magistrado argumentó su decisión de no permitir la puesta en libertad de Sànchez afirmando que en su caso existe riesgo de reiteración delictiva, ya que los delitos investigados se desplegaron "desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales".
