Torrent tomó la decisión después de reunirse con diputados de Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El candidato a la Presidencia de Cataluña, Jordi Sànchez, se encuentra en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 16 de octubre de 2017, investigado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de rebelión y sedición durante el proceso independentista puesto en marcha la pasada legislatura.
Jordi Pina, el abogado de Sànchez, anunció horas antes que presentará una demanda el próximo lunes a las 08.00 horas (hora local) en el TEDH, amparándose en el artículo 39 del reglamento del Tribunal de Estrasburgo.
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En su auto, el juez recuerda que Sànchez participó "en un concierto de voluntades" para proclamar una república independiente "fuera de todo cauce legal".
El magistrado argumentó su decisión de no permitir la puesta en libertad de Sànchez afirmando que en su caso existe riesgo de reiteración delictiva, ya que los delitos investigados se desplegaron "desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales".
La denegación del permiso para que Sànchez acuda al pleno vuelve a colocar a la política catalana en una situación de bloqueo, ya que, según el Tribunal Constitucional, la presencia física del candidato en la cámara es condición necesaria para que el proceso tenga validez.
