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    Tribunal Supremo no impone cautelares a diputada catalana investigada por el referéndum

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    MADRID (Sputnik) — El juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español dejó en libertad sin medidas cautelares a la exdiputada catalana Mireya Boya, de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que declaró ante el magistrado por su implicación en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

    A su salida del juzgado, Mireya Boya dijo en declaraciones a la prensa "no estar satisfecha" a pesar de salir en libertad sin cautelares porque todavía hay cuatro líderes independentistas "secuestrados por el Estado".

    La exdiputada de la CUP se refirió a la causa que instruye el Tribunal Supremo contra más de una veintena de cargos catalanes como "un juicio político".

    En su declaración ante el juez, Boya defendió que la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña a finales de octubre "no fue simbólica" sino que buscaba tener efectos reales.

    No obstante, la diputada independentista reconoció ante el juez que esa declaración de independencia fue "ineficaz".

    En cuanto a los elementos de violencia que el juez asegura apreciar en el proceso independentista catalán, un elemento clave para sustentar una futura acusación por rebelión, Boya aseguró que "si hay algún acuerdo entre todos los partidos políticos y entre las organizaciones sociales es en la no violencia".

    "Siempre lo hemos hecho de forma tranquila y pacífica. Esto desmonta los delitos que nos imputan", añadió.

    El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

    La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

    Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

    La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

    Lea también: HRW denuncia el "uso excesivo" de la fuerza en el referéndum catalán

    La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

    La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central. 

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    justicia, Cataluña, España