John Hoffman, el presidente de la GSMA, que organiza el MWC, ha pedido a la ciudad supere la "minicrisis de confianza" y, dirigiéndose a los políticos presentes, ha señalado que "un gran equipo" puede caer en una "espiral negativa", aunque ha añadido que éste "no lo hará, no podrá, porque tú no se lo permitirás: ése es el motivo por el que nos encontramos aquí".
El presidente de la GSMA ha expresado su voluntad a contribuir a esa recuperación al afirmar que "los socios ayudan" a conseguir "las condiciones apropiadas" para la edición de este año, que se celebrará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo.
También ha tranquilizado a los asistentes: "No nos tienen que convencer, lo único que quiero decir es que vuelvan a creer en ustedes mismos", ha dicho el empresario.
Hoffman ha participado en un acto en el Ayuntamiento de Barcelona con la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, y el delegado del Gobierno de España en Cataluña, Enric Millo.
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El acto, titulado "Barcelona, Always Connected" (Barcelona, siempre conectada) tenía como objetivo transmitir el mensaje de que la capital catalana sigue siendo un atractivo destino de inversión y para organizar congresos a pesar de la crisis política.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 26 сентября 2017 г.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.
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