La medida ha sido aprobada este 26 de enero en un texto que también denuncia el coste del operativo policial que tenía como objetivo desarticular la consulta, valorado en 87 millones de euros por el Ministerio del Interior español.
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.
Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.
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La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central.
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