"La Fiscalía solicita al juez del Supremo que se reactive la euroorden de detención de Puigdemont a Dinamarca", informó el diario catalán La Vanguardia.
Anteriormente el Gobierno de España dio aviso a la Fiscalía de la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont, que se desplazó desde Bélgica a Dinamarca.
"El Gobierno ha puesto a disposición de la fiscalía toda la información que tienen las fuerzas de seguridad sobre la situación de Puigdemont", informó el diario español El País citando a fuentes del Ejecutivo.
La Fiscalía advirtió que activaría una orden europea de detención y entrega si el expresidente catalán viajaba a Dinamarca.
De acuerdo con la información ofrecida por El País, la posición del Gobierno es que solicitar la orden de detención para la entrega del expresidente catalán es una decisión que corresponde a la justicia.
"A pesar de ello, el Gobierno ha mostrado su disposición a colaborar en todo momento con las necesidades de la justicia", prosigue la información publicada por el citado diario.
De activarse la euroorden solicitada por el Ministerio Público español, la Fiscalía danesa debería tomar una decisión, aunque Puigdemont podría recurrir la misma y ganar tiempo.
El expresidente catalán se encontraba en Bruselas desde principios de noviembre, fecha en la que se desplazó a la capital belga para evitar la acción de la justicia española, donde el Tribunal Supremo instruye una causa en la que es investigado por instigar una "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.
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El juez justificó esa decisión argumentando que los líderes independentistas habían manifestado se deseo de volver a Cataluña tras las elecciones del 21 de diciembre.
En esos comicios los independentistas volvieron a reeditar su mayoría en los escaños, siendo la candidatura encabezada por Puigdemont – Junts Per Catalunya (JxCAT), la más votada dentro de las fuerzas soberanistas.
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En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática ante la previsión de que este pueda ser detenido si se desplaza a España.
Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara y por el Gobierno de España, que anunció su intención de recurrir la investidura ante la justicia si no es presencial.
El informe de los servicios jurídicos del Parlamento, con todo, no es vinculante.
El debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat de Catalunya debería celebrarse antes de que termine el presente mes.
