Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva por su papel en la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, fue elegido diputado en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.
"Debemos acudir en alzada ante esta Sala no solo para agotar la vía interna ante una eventual impugnación en los trámites de amparo constitucional y demanda ante el TEDH", se puede leer en el recurso interpuesto por su abogado, Andreu Van den Eynde, según informa el diario La Vanguardia.
El magistrado responsable, Pablo Llarena, no permitió la salida del también presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y únicamente ha permitido la delegación de su voto si lo estima conveniente en el Parlamento catalán.
"No puede la medida de encarcelamiento tener más consecuencias aflictivas que las necesarias, ni su cumplimiento puede devenir en una restricción desproporcionada o excesiva de derechos individuales compatibles con la situación de encarcelamiento o cuya preeminencia aconseje la modulación del régimen de privación de libertad", se explica en el texto.
El abogado de Junqueras destaca que la medida de Llanera podría tener incluso consecuencias políticas, ya que de no permitir la participación del político republicano en las votaciones se "modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas."
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El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya organizó un referéndum de autodeterminación.
La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.
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Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.
La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.
La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y los tribunales españoles comenzaron procesos judiciales contra varios políticos independentistas.