"Un escándalo", afirmó el exconseller de la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo catalán), Josep Rull.
Joaquim Torra, diputado de Junts per Catalunya (JxCat), escribió su cuenta de Twitter que "escuchando al ministro Zoido, sus intolerables justificaciones sobre el 1 de octubre y sus gravísimas amenazas al pueblo de Cataluña, es urgente que el Parlamento lo repruebe se honren a los heridos y se despleguen las comisiones de investigación que sean necesarias."
La Asamblea Nacional Catalana consideró el gasto en el despliegue policial de 87 millones de euros "el coste de la represión" a través de su cuenta internacional en esta misma red social.
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El Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PdeCAT), que forma parte de la coalición Junts per Catalunya (JxCat) del expresidente catalán Carles Puigdemont, consideró "una vergüenza" las declaraciones de Zoido: "¿Cuándo se asumirán las responsabilidades, ministro Zoido?", preguntó la formación soberanista.
"En una democracia seria, Zoido sería juzgado o dimitiría", declaró el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Asens.
El ministro de Interior español detalló este 18 de enero en sesión extraordinaria en el Senado que la actuación policial durante el referéndum soberanista del 1 de octubre en Cataluña costó "87 millones de euros".
"Es un alto coste que hemos de pagar entre todos los españoles por culpa del Gobierno independentista que había en Cataluña", se ha excusado en su comparecencia, alegando que "la responsabilidad" de este gasto, es del Ejecutivo independentista.
El ministro también resaltó en su comparecencia el coste económico para Cataluña por el impacto de esta crisis en el Producto Interior Bruto catalán, de menos 1.000 millones de euros según los cálculos del Gobierno de Mariano Rajoy y el descenso del 35% de las reservas hoteleras.
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El operativo contó con unos 6.000 efectivos Policía y de la Guardia Civil.
El objetivo del dispositivo policial trazado por el Gobierno español era evitar el referéndum del 1 de octubre, que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional aunque finalmente se realizó y votaron más de 2,2 millones de personas.
El despliegue policial se prolongó después del referéndum durante más de tres meses en Cataluña, hasta el pasado 30 de diciembre.
El Gobierno catalán cifró en más de 1.000 los heridos por las cargas policiales del referéndum, que suscitaron la crítica de parte de la oposición.
En su comparecencia, Zoido ha defendido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha considerado proporcionada la actuación policial.
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Según el ministro, "han salvado" la democracia y el estado de Derecho ante la "rebeldía" de los independentistas y la "clamorosa desobediencia" a la justicia e impidieron que los catalanes fueran "arrojados al abismo".
Además, insistió en culpar a los independentistas, a los que acusó de hostiles en varias ocasiones, además de considerar "violenta" la protesta del 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía.
También se ha quejado de la "absoluta pasividad y nula colaboración" de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, en el operativo policial, por lo que justificó la decisión de cesar de forma inmediata al mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
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