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    Miembros de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Barcelona, España (imagen referencial)

    La CUP no considera al Tribunal Supremo español competente para juzgar a sus cargos

    © AP Photo / Emilio Morenatti
    España
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    BARCELONA (Sputnik) — La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) hizo público un comunicado en el que informa haber presentado un escrito al Tribunal Supremo de España en el que no reconoce a éste como un "órgano competente" para juzgar a sus cargos imputados por "rebelión" en relación con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

    En el escrito, la formación independentista y anticapitalista "expone sus argumentos para considerar que el Tribunal Supremo no es un órgano competente para juzgar el caso en el que se imputa rebelión a diversas personas investigadas, entre ellas las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel".

    La CUP alega que en una denuncia anterior relacionada con el proceso independentista "fue el propio Tribunal Supremo" el que "consideró que los hechos de este tipo tenían que ser procesados en instancias judiciales de Cataluña".

    El partido considera el caso una "alteración de los criterios de competencia en el marco del contexto de excepción que se está produciendo y de 'derecho penal del enemigo' que incluye entre sus características fundamentales el relajamiento de las garantías procesales."

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    La CUP denuncia asimismo la "falta de garantía de la imparcialidad e independencia del Tribunal Supremo español", y critica que "Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno español, se haya atribuido a sí misma directamente el resultado de determinadas resoluciones judiciales dictadas en el caso, vulnerando así de manera flagrante la necesaria separación de poderes del Estado."

    Finalmente, la CUP pide el archivo de la causa y hace pública su denuncia del "funcionamiento poco democrático de las instituciones españolas" para "garantizar la posibilidad que éste elemento pueda ser discutido en instancias internacionales en caso de que sea desestimado por el Estado español."

    El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

    La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un referéndum pactado.

    Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

    La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

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    La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

    La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española —que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central— y los tribunales españoles iniciaron procesos judiciales contra los organizadores del 1-O.

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