"El Gobierno español, a través de múltiples fuentes, nos amenazó con muertos en las calles", dijo la líder independentista durante una entrevista concedida a la radio RAC1.
"Nos dijeron que habría sangre, que no serían pelotas de goma como el 1 de octubre [día de la celebración del referéndum de autodeterminación, prohibido por el Tribunal Constitucional] y que la cosa sería más contundente", añadió la dirigente de ERC.
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En las últimas semanas, múltiples actores de distintos sectores de la élite independentista aseguraron que el Gobierno catalán no puso en marcha un proceso constituyente tras la proclamación de la república catalana por no disponer de herramientas para prevenir un escenario de violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España.
"Esto de la violencia nos llegó de muchas fuentes diferentes, contrastadas y fiables. Se nos informaba que estaban entrando armas en Cataluña y que el Ejército estaba viniendo", afirmó Rovira.
Durante su entrevista, la dirigente independentista rechazó la posibilidad de revelar cuáles eran esas fuentes, aunque apuntó que la procedencia de esta información puede ser revelada en un futuro.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 4 ноября 2017 г.
Según datos del Gobierno catalán, un total de 1.066 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios tras las cargas policiales durante el referéndum.
Del total de atendidos, siete personas recibieron un pronóstico grave, siendo los más destacados los casos de un hombre que perdió la visión en un ojo tras recibir el impacto directo de una bala de goma y el de un hombre que sufrió un infarto durante una carga.
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Por su parte, el Ministerio del Interior de España asegura que los sucesos del 1 de octubre dejaron contusionados a un total de 431 agentes, aunque solo 40 recibieron atención médica.
En base a estos resultados, el Parlamento de Cataluña adoptó una resolución en la que se proclamaba la república catalana y se instaba al Gobierno regional a poner en marcha un proceso constituyente, lo que propició la intervención de estas instituciones por parte del Gobierno español al amparo del artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid adoptar medidas —previa autorización del senado— contra regiones declaradas en desobediencia.
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Además, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió convocar unas nuevas elecciones catalanas para el 21 de diciembre, unos comicios en los que participará el independentismo pese a considerar ilegítima su convocatoria.
