"Es ridículo que se quiera juzgar a una Mesa escogida democráticamente por permitir que el Parlamento parlamente", dijo Gloria Serra, integrante de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) en declaraciones a la televisión pública catalana desde las puertas del Tribunal Supremo.
La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell enfrenta junto a otros cinco miembros de la Mesa de la cámara una querella de la Fiscalía por posible delitos rebelión, sedición y malversación al permitir, entre otras cosas, la tramitación y votación de las diversas resoluciones que sirvieron para la puesta en marcha y ejecución del proceso independentista catalán.
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Los querellados, aparte de Carme Forcadell, son los exmiembros de la Mesa del Parlament catalán Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet —todos ellos de la coalición independentista Junts Pel Sí— y Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot, coalición en la que participa Podemos.
Este criterio fue contrario al seguido por la Audiencia Nacional en el proceso en el que se juzga por los mismos delitos a 14 antiguos integrantes del Gobierno catalán.
Nueve representantes del cesado Gobierno catalán acudieron a declarar el pasado 2 de noviembre ante la Audiencia Nacional, donde la jueza instructora impuso la medida cautelar de prisión incondicional para ocho de ellos y prisión eludible bajo fianza para el restante.
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Xavier Domènech, diputado nacional y miembro de Cataluña en Común —plataforma que se coaligará con Podemos en las próximas elecciones— pidió desde el Tribunal Supremo la liberación de las personas encarceladas y solicitó la puesta en marcha de negociaciones para encontrar soluciones de naturaleza política al conflicto catalán porque "esto no puede tener una solución penal".
En declaraciones a la prensa, Ferran Bel trasladó su apoyo a los encausados y manifestó su deseo de que el Tribunal Supremo no dicte medidas cautelares que impliquen el ingreso en prisión, como ocurrió el pasado 2 de noviembre con los antiguos miembros del Govern.
