"Por parte del Gobierno, dado que estamos hablando de un sistema democrático, tan democrático como el español, el máximo respeto a las decisiones de los jueces en España y en Bélgica", afirmó Santamaría en declaraciones a la prensa.
Este 5 de noviembre el expresidente catalán y cuatro de sus exconsejeros acudieron voluntariamente a declarar después de que la Audiencia Nacional emitiera en la noche del 3 de noviembre una orden de detención europea en su contra.
Tras prestar declaración, los políticos independentistas fueron puestos en libertad provisional bajo medidas cautelares como la entrega de pasaporte y la obligación de estar localizables para acudir al juzgado cuando se les reclame.
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El juzgado español reclama a los dirigentes catalanes después de que estos eludieran su citación para prestar declaración en Madrid en el marco de la causa donde son investigados por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos.
De los catorce, nueve acudieron a declarar a Madrid, tras lo que la jueza instructora decidió dictar prisión incondicional para ocho de ellos y prisión eludible bajo fianza para el restante, que ya se encuentra en libertad.
Además de los miembros del Ejecutivo catalán, seis miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña son investigados por los mismos delitos en el Tribunal Supremo.
En un apunte publicado en Twitter, Puigdemont contrapuso la decisión de la justicia belga de dejarle "en libertad y sin fianza" con la situación de sus compañeros "injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática".