En un comunicado conjunto, los sindicatos piden que "los pongan en libertad de manera inmediata".
Las organizaciones aseguran que Cataluña necesita "recuperar la normalidad social, política y económica" y que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre "son un paso más para abrir un camino que resuelva la situación de una manera política".
Ante esta situación, advierten que es un "error interferir jurídicamente en este proceso y hacerlo con la desproporción con la que se ha hecho".
"Los problemas políticos deben abordarse desde la política y no desde la judicialización", afirman, tras considerar que el fiscal general del Estado ha alegado "causas jurídicamente cuestionables y utilizando argumentos desproporcionados".