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    Cataluña proclama la independencia y Madrid aplica el 155 (140)
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    MOSCÚ (Sputnik) — El cesado presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, regresó a Cataluña procedente de Bruselas, aseguró el periódico español La Vanguardia.

    Según el diario que cita a los pasajeros del vuelo en el que viaja Puigdemont, también vuelven los exconsejeros Joaquim Forn y Dolors Bassa.

    Más tarde, la misma fuente informó que Carles Puigdemont no ha viajado en el avión a pesar de que los pasajeros han asegurado de su presencia en el avión.

    Según el medio, junto a Puigdemont en Bruselas siguen exconsellers Toni Comín, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.

    Puigdemont afirmó en una rueda de prensa en Bruselas que había llegado a Bélgica para poder "actuar con libertad y seguridad", unas condiciones que a su modo de ver no están garantizadas en territorio catalán por la acción del Estado español.

    El líder catalán subrayó que la decisión de desplazar una parte del Gobierno a Bélgica evita forzar escenarios de violencia.

    "Si nos hubiéramos quedado allí con una actitud de resistencia habría tenido lugar una reacción muy violenta por parte del Estado, y no quiero exponer a mis conciudadanos a una oleada de violencia como la del 1 de octubre", afirmó.

    La Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella por delitos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y otros 13 miembros de su Gabinete, que fueron citados a declarar en Madrid entre el 2 y 3 de noviembre.

    Además de las citaciones, la jueza Carmen Lamela acuerda fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con apercibimiento de embargo si no la depositan en el plazo de tres días.

    En la querella presentada por el Fiscal General del Estado, se interesaba el pago de esa cantidad por parte de los investigados como forma de reponer los gastos vinculados a la celebración del referéndum del 1 de octubre, declarado nulo por el Tribunal Constitucional.

    En el auto, la jueza Lamela, encargada del caso, explica que el procedimiento está en fase inicial, por lo que la admisión a trámite no constituye todavía un acto de imputación judicial.

    El Código Penal español contempla penas de hasta 30 años de prisión para aquellas personas que sean declaradas culpables de delitos de rebelión. 

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