La magistrada rechazó la solicitud de prisión incondicional formulada por la Fiscalía y decidió dejar en libertad provisional a Trapero con medidas cautelares como la retirada de pasaporte o la obligación de comparecer cada 15 días ante un juzgado.
Ambos declararon este 16 de octubre ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de sedición relacionado con la concentración frente a la sede de la consejería de Economía del Gobierno catalán del pasado 20 de septiembre.
Lamela decidió que, pese a existir indicios de la comisión del delito, la actuación de los mandos policiales no aparece de momento lo "suficientemente perfilada" como para aplicar medidas cautelares severas.
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El pasado 20 de septiembre miles de personas se manifestaron durante horas frente a la sede de Economía del Gobierno catalán en respuesta a los registros y detenciones que la Guardia Civil realizó en ella como parte del operativo para impedir el referéndum del 1 de octubre.
El relato de la juez Lamela decribe como "algunos de los congregados destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil" mientras que otros impidieron abandonar el edificio a los agentes y a la comisión judicial encargada de los registros.
La investigación contra los mandos de Mossos intenta dilucidar si el cuerpo catalán jugó un papel especialmente pasivo de manera deliberada para permitir estas protestas.
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El auto emitido por la Audiencia Nacional mantiene que existen "elementos que vinculan a Trapero con esta estrategia".
El relato de los hechos realizado por la magistrada apunta a que durante la mañana del 20 de septiembre los mandos de la Guardia Civil solicitaron en varias ocasiones a los Mossos una ayuda que les fue negada.
En su declaración, en cambio, Trapero aseguró que los Mossos no actuaron contra los concentrados al estimar que dado su volumen se podría haber generado una grave alteración del orden público.