"Es un concepto de carácter general que las decisiones que se toman allí (en España), en el marco de la Constitución y las leyes, son legítimas; el Estado español tiene su legalidad y (el catalán) es un pronunciamiento que se aparta", dijo Trobo, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados de Uruguay, si bien aclaró que lo que ocurre en ese país "es un tema interno" y se debe "evitar intervenir".
Las declaraciones del diputado uruguayo se producen después de que el presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Carles Puigdemont, presentó ante el Parlamento la declaración de independencia de Cataluña, para inmediatamente después solicitar al legislativo suspender sus efectos y reclamar diálogo al Gobierno español que preside Mariano Rajoy.
Sin embargo, el presidente Rajoy indicó que "no hay mediación posible ante la desobediencia y la ilegalidad" y dio cinco días a Puigdemont para que aclare si declaró la independencia.
Ese artículo establece que "si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".
Del total de votantes, un 90% se pronunció a favor de la independencia, agregaron las autoridades catalanas.
Durante la jornada electoral hubo represión policial para evitar la votación, considerada ilegal por el Gobierno español, lo que provocó que 893 personas fueran atendidas en centros asistenciales, según el Departamento de Salud catalán.
