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    Proceso secesionista catalán (181)
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    BARCELONA (Sputnik) — Disolver el parlamento de Cataluña y celebrar unas elecciones autonómicas para modificar las fuerzas políticas en la Asamblea sería una opción para resolver la grave situación que sufre España, declaró a Sputnik el abogado catalán Sergio Hevia.

    "Opción, no descartable, y en mi opinión aconsejable, sería decretar la disolución del Parlament de Catalunya y acordar la celebración de unas elecciones autonómicas a fin de que se produzca una modificación de las fuerzas políticas y se pueda cesar en la actuación de la sedición" en virtud del artículo 155 de la Constitución española, dijo.

    Precisó que aunque "no existen leyes concretas que desarrollen o complementen el artículo 155 de la Constitución, sino que en cada caso es el propio Gobierno Central el que debe señalar cuáles son las medidas concretas que considera oportunas y someterlas a la votación del Senado".

    "Dentro de esas medidas, ninguna es descartable, siempre que cumpla con el objetivo", destacó.

    Subrayó que "todos los expertos señalan que el uso de la fuerza no está contemplado en este escenario y se tendría que recurrir, si fuera necesario, al estado de sitio que está previsto en el artículo 116 de la Constitución".

    Ni los independentistas han entendido a Puigdemont

    Previamente Hevia ya explicó a Sputnik que la expresión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont "asumo el mandado del pueblo" que hizo al validar los resultados del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre "resulta realmente confuso" y no puede equivaler a una declaración de independencia.

    Según el jurista, "ni los propios independentistas han entendido, realmente, qué implicaciones tiene esta declaración del president Puigdemont".

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    Frente a ello, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha requerido formalmente que "aclare el significado de sus palabras, pues al resultar confusas, no se puede conocer el efecto legal de las mismas".

    "El Gobierno de España ha recurrido a un mecanismo previsto legalmente frente a aquellas situaciones en las que una Comunidad Autónoma, como es el caso que nos ocupa, atentare gravemente al interés general de España, según se desprende del redactado literal del artículo 155 de la Constitución Española", aclaró.

    La suspensión es irrelevante

    El abogado explicó que "la secesión de un territorio es contraria tanto al artículo 2 de la Constitución, que determina la indisoluble unidad de la nación Española, como el artículo 1.2 de la Constitución, que fija que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en una parte del mismo".

    "Por lo que el Gobierno estaría perfectamente legitimado para aplicar dicho artículo, que doctrinalmente se sustancia como una coacción federal", dijo.

    Por lo tanto, sucederá "en caso de que el president Puigdemont aclare que, en efecto, declaró la independencia, resultando totalmente irrelevante que posteriormente se procediera a su suspensión".

    El martes 10 de octubre el presidente catalán, Carles Puigdemont, presentó ante el Parlamento la declaración de independencia de Cataluña, pero el Ejecutivo catalán optó por suspender sus efectos y reclamar diálogo a Madrid.

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    Este 11 de octubre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció que el Ejecutivo central presentará un requerimiento a Puigdemont; si el presidente catalán no atiende a este requerimiento de Madrid, el Gobierno español enviaría al Senado una solicitud de aplicación del artículo 155 junto a una lista con las medidas pretendidas para la intervención de la autonomía catalana.

    Una vez en la Cámara alta, ese informe debe ser analizado por la Mesa del Senado para ser remitido a la Comisión General de Comunidades Autónomas, que volverá a enviar un requerimiento al presidente Puigdemont para que presente alegaciones.

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