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    La Guardia Civil reclama el bloqueo de las cuentas de ANC y Ómnium Cultural

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    Proceso secesionista catalán (181)
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    MADRID (Sputnik) – La Guardia Civil reclamó el pasado 5 de octubre a la jueza que instruye en la Audiencia Nacional la causa por un posible delito de sedición por parte de los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural la intervención de las cuentas de estas entidades cívicas.

    Según informa el diario digital Vozpópuli, la Guardia Civil pidió a la Audiencia Nacional recopilar toda la información posible sobre estas asociaciones "con la finalidad de solicitar el bloqueo de las cuentas y productos bancarios y financieros en que estas entidades pudiesen figurar como titulares o autorizadas".

    Los presidentes de ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están imputados junto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por un presunto delito de sedición relacionado con la concentración frente a la sede de la consejería de Economía del Gobierno catalán del pasado 20 de septiembre.

    Miles de personas se manifestaron durante horas frente a la sede gubernamental en respuesta a los registros y detenciones que la Guardia Civil realizó en el mismo como parte del operativo para impedir el referéndum del 1 de octubre.

    Más aquí: La Fiscalía no pide medidas cautelares para el jefe de los Mossos

    Según la Fiscalía, en esa concentración los manifestantes no impidieron los registros pero dificultaron enormemente la labor de las autoridades, hasta el punto de que algunos de los encargados de las pesquisas tuvieron que abandonar el edificio por la azotea.

    La juez encargada de instruir la causa, Carmen Lamela, citó a Trapero al entender que la pasividad de los Mossos a la hora de contener a los manifestantes pudo suponer un incumplimiento de las órdenes de jueces y fiscales que ordenaron los registros.

    Por su parte, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están siendo investigados por alentar la protesta.

    La descripción del delito de sedición en el Código Penal —recogido en el artículo 544 y penado con hasta 15 años de cárcel— "encajará en las conductas materiales descritas en el delito contra la forma de Gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado".

    Este delito se aplica a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

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    Proceso secesionista catalán (181)

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