Según informó el diario El Mundo, las autoridades están realizando un total de 15 registros en los que se buscan pruebas sobre presuntas irregularidades por las cuales se habrían desviado hasta 15 millones de euros.
La investigación, todavía bajo secreto de sumario, se enmarca dentro del conocido como "caso del 3%", que persigue la presunta corrupción en Convergéncia i Unió, partido al que pertenecía Puigdemont antes de que tras una serie de escisiones fuese refundado como el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).
La actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, del PDeCAT, calificó la operación policial como un "show mediático" para manchar la imagen del independentismo en vísperas del referéndum del 1 de octubre.
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El Tribunal Constitucional español suspendió de manera cautelar ese decreto el 7 de septiembre después de que el Gobierno central de Mariano Rajoy presentara un recurso en su contra.
Pese a la suspensión, el Ejecutivo catalán manifestó de manera reiterada su intención de seguir adelante con la celebración de la consulta, a la que otorgan un carácter vinculante.
