De acuerdo con la información ofrecida por este diario, la Guardia Civil registró la sede de la empresa Unipost con el objetivo de interceptar notificaciones que el Gobierno catalán podría estar enviando a los ciudadanos que se integrarán en las mesas de votación del referéndum.
La empresa Unipost ya fue investigada en el marco de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 por distribuir propaganda del acto participativo, que al igual que el referéndum del 1 de octubre fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.
Este operativo se une a los practicados por la Guardia Civil en distintos registros que hasta el momento provocaron la incautación de más de 1,3 millones de cárceles, dípticos y folletos sobre el referéndum.
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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consejeros del Gobierno de Cataluña firmaron el 6 de septiembre el decreto de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre.
El Tribunal Constitucional español suspendió de manera cautelar ese decreto el 7 de septiembre después de que el Gobierno central de Mariano Rajoy presentara un recurso en su contra.
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Pese a la suspensión, las autoridades catalanes manifestaron de manera reiterada su intención de seguir adelante con la celebración de la consulta, a la que otorgan un carácter vinculante.
