"La proposición de ley de Transitoriedad queda aprobada por 71 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones", anunció la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell.
La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana está destinada a "cimentar el andamiaje institucional catalán durante un proceso de ruptura con España".
Esta norma solo se activará si la opción independentista resulta ganadora en el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre, una consulta cuya convocatoria fue suspendida de manera cautelar por el Tribunal Constitucional.
En sus tres primeros artículos, esta ley establece que "Cataluña es una República de Derecho, democrática y social" en la que la soberanía nacional radica "en el pueblo de Cataluña".
"Una vez celebrado el referéndum y en caso de resultar favorable la opción independentista, el Gobierno catalán activará un proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República", señala el texto legislativo.
De ganar el "sí" en el referéndum, el posterior proceso constituyente constará de tres fases sucesivas: una primera compuesta por un proceso participativo, una segunda en la que se celebrarán elecciones para una Asamblea Constituyente que redactará la Constitución y una tercera de ratificación de la misma por referéndum.
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En caso de ganar el "no" en el referéndum, el Ejecutivo catalán compromete a convocar de manera inmediata unas elecciones autonómicas similares a las celebradas hasta la fecha en el territorio.
La aprobación de esta norma se produjo tras una prolongada y tensa sesión plenaria en la que la Mesa del Parlamento catalán introdujo en el orden del día por sorpresa —como hizo el miércoles con la Ley del Referéndum— la votación y el debate sobre la misma.
Tenso debate
Los partidos independentistas recibieron críticas de la oposición por limitar la capacidad del resto de partidos para estudiar la norma, presentar enmiendas o solicitar su opinión sobre la misma al Consejo de Garantías Estatutarias.
"Ustedes tienen una mayoría parlamentaria, pero eso no les autoriza a pasar como una división Panzer por encima de los textos del reglamento, del Estatuto de Autonomía y de la Constitución", afirmó durante el debate Ferran Pedret, del Partido de los Socialistas de Cataluña.
Desde la formación liberal Ciudadanos, principal partido de la oposición catalana, el diputado Carlos Carrizosa puso en duda la legitimidad de la presidenta del Parlamento autonómico, a quien acusó de saltarse la legalidad española, la catalana y la de la institución que preside.
Las críticas al procedimiento elegido por los sectores independentistas llegaron también desde formaciones favorables al derecho a decidir cómo Catalunya Sí Que es Pot, coalición en la que participa Podemos.
"Es absolutamente legítimo querer la República catalana, pero no de esta manera", dijo Joan Coscubiela, portavoz de la coalición, que en las últimas horas vivió una crisis interna ya que algunos de sus miembros –entre ellos el líder de Podemos en Cataluña, Albano Dante– tienen posiciones menos enfrentadas con los partidos soberanistas.
Desde la coalición independentista Junts Pel Sí, la portavoz parlamentaria Marta Rovira acusó a todos los grupos opositores de realizar un ejercicio de "filibusterismo" alargando el debate de manera innecesaria con sus reiteradas quejas sobre el procedimiento, que obligaron a realizar hasta cuatro recesos durante la jornada.
Por su parte, el diputado Benet Salellas, de la formación independentista CUP, justificó los procedimientos utilizados por el contexto de hostigamiento a la actividad parlamentaria catalana por parte del Tribunal Constitucional.
