"El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha denegado la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña", informó el departamento ministerial a través de un comunicado.
El visto bueno del CSN abrió la puerta a la reactivación del centro hasta el año 2031 bajo la condición de que las empresas operadoras llevasen a cabo una serie de inversiones para mejorar la seguridad del recinto.
De esta manera, el máximo órgano de seguridad nuclear en España avaló el mantenimiento de Garoña hasta 60 años después de su apertura, que data de 1971.
Esa decisión fue rechazada por todos los grupos políticos con excepción del partido del Gobierno, el conservador Partido Popular.
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El ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó en rueda de prensa que la oposición política es uno de los principales motivos para denegar la reapertura de la central por la falta de incertidumbre sobre su situación en el futuro ante un eventual cambio de Gobierno.
"Viendo el contexto de clara oposición política y viendo que las propias empresas desde el principio quisieron utilizar a Garoña como elemento de presión en materia regulatoria, el Gobierno decidió que la orden ministerial que tiene que emitir al respecto será la denegación de la autorización de explotación", explicó Nadal.
Además, el ministro explicó que la central "requiere unas fuertes inversiones para su puesta al día en materia de seguridad".
Nadal lamentó el cierre porque, a su modo de ver, la oposición se enrocó en posiciones prefijadas y no proporcionó al Gobierno ningún margen de diálogo sobre la reapertura.
"Se trata de una central nuclear de 466 megavatios de potencia eléctrica, una potencia significativamente inferior a la de las centrales nucleares que se encuentran funcionando en España, todas ellas con una potencia de más de 1.000 megavatios", explicó el ministerio a través de un comunicado.
El diputado ecologista Juan López de Uralde, que se integra en el grupo de Unidos Podemos a través de la formación verde Equo, celebró esta decisión como "una victoria de todo el movimiento antinuclear" frente "a los intereses del Gobierno del Partido Popular y el empuje de las industrias eléctricas".
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En opinión de Uralde, el cierre de Garoña supone un "punto de inflexión" en la lucha de los ecologistas por impedir el alargamiento de la vida no solo de Garoña, sino también de otras centrales nucleares sobre las que el Gobierno tendrá que decidir en los próximos años.
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