"Su determinación es dar un paso a un lado y lo acepto porque ya completaron un ciclo", afirmó Carles Puigdemont en rueda de prensa.
Los miembros que abandonan el Ejecutivo autonómico son la portavoz y consejera de Presidencia, Neus Munté; el consejero de Interior, Jordi Jané y la consejera de Educación, Meritxell Ruiz.
Todos ellos son miembros del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), uno de los pilares de Junts Pel Sí, la plataforma independentista unitaria en la que también participa Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).
Según explicó Puigdemont, los consejeros catalanes le manifestaron su deseo de abandonar el Gobierno y este lo aceptó para "afrontar la nueva etapa una vez constatada la negativa del Estado español a negociar el referéndum".
"Tomamos estas decisiones de reorganización con la voluntad de hacer una organización más efectiva de cara a nuestro compromiso con la ciudadanía", añadió el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras.
La vacante en la portavocía y la consejería de Presidencia será ocupada por Jordi Turrull, presidente del grupo Junts Pel Sí; la consejería de Interior será ocupada por Joaquim Forn, hasta ahora portavoz del PDeCAt en el Ayuntamiento de Barcelona y el área de educación caerá en manos de la independiente Clara Ponsantí.
Estos cambios en la composición del Ejecutivo llegan dos semanas después del cese del consejero de Empresa, Jordi Boiget, que fue relevado de su cargo tras expresar sus dudas sobre la celebración del referéndum.
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Durante su comparecencia ante la prensa, el presidente catalán reafirmó la intención del Gobierno de llevar a cabo la consulta a pesar de la falta de reconocimiento por parte de España.
"La legislatura autonómica terminará el día uno de octubre con un referéndum de autodeterminación", afirmó Puigdemont.
De acuerdo con la ley anunciada por el Ejecutivo autonómico para dar cobertura legal al referéndum, la independencia será declarada en un plazo de 48 horas si en la consulta resulta ganadora la opción independentista.
Del mismo modo, la ley —que todavía no fue tramitada en el Parlamento catalán— contempla la convocatoria inmediata de nuevas elecciones autonómicas si la opción independentista resulta derrotada.
